La fiebre por el oro negro (iii)

Las penas y las vaquitas
se van por la misma senda.
Las penas son de nosotros;
las vaquitas son ajenas.

El Arriero – Atahualpa Yupanqui

En 1944 Atahualpa Yupanqui dejaba registrada, en el lado A de un disco de acetato de 78 RPM, la metáfora que mejor define al extractivismo. “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”, escribió el payador perseguido.

El extractivismo es un actividad primaria que consiste en obtener recursos por medio de la explotación de la naturaleza para volcarlos al mercado, como ocurre, por ejemplo, con las industrias minera, petrolera y la agricultura.

A pesar de los debates en torno a este modelo, “y de la creciente evidencia de su limitada contribución a un genuino desarrollo nacional, el extractivismo goza de buena salud. Las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente, y los gobiernos

insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico”, explica Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES) (1).

Es por ello que son los mismos estados los que han generado incentivos para el modelo extractivo a partir de reformas normativas, llegando incluso a otorgarles subsidios financieros como ocurre en Argentina donde el barril de petróleo tiene un precio interno que ronda los 70 dólares cuando en el mercado internacional llega a los 50.  “No sólo esto, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva de extractivismo” (2).

El ministro de Economía, Axel Kicillof, selló un acuerdo con las empresas, los sindicatos y las provincias productoras de hidrocarburos para sostener un precio interno alto del crudo a fin de garantizar la continuidad de la actividad e inversiones.

Gudynas considera que los impactos ambientales y sociales pasan desapercibidos “debido al centralismo de casi todos los países. Las élites, los medios de comunicación y los sectores de mayor peso en la opinión pública, están en las capitales y grandes ciudades, y tienden a menospreciar lo que ocurre en el interior lejano de sus países. Los gobiernos centrales aprovechan una transferencia de los costos sociales y ambientales hacia las comunidades locales y los municipios, quienes son los que deben finalmente lidiar con los problemas ocasionados por el extractivismo” (3).

En este contexto se anunció la licitación para la exploración de hidrocarburos en Río Negro, Alto Valle Este incluído, (Ver …) y se celebró haber sido la primer provincia en realizar el llamado “de acuerdo al nuevo marco regulatorio nacional, tras las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.007”, según informó el mismo Gobierno provincial.

Darío Aranda, periodista, explica que la modificación a la Ley de Hidrocarburos (27.007) se votó durante la madrugada del 30 de octubre de 2014 con “numerosos beneficios a las empresas: plazos de concesión de hasta 45 años, concentración de mercado, regalías de sólo el 12 % y tribunales extranjeros para resolver cualquier disputa. No contempla los derechos indígenas y no establece control ambiental de ningún tipo, justamente para una de las industrias más contaminantes de la historia” (4).

El combo ideal para la tormenta perfecta: Economía regional en crisis, empresas multinacionales, mucho dinero en juego, la promesa de “progreso” y empleo y un Estado que no cumple con los compromisos asumidos en la Constitución Nacional.

Chevrón, la multinacional asociada a YPF y una de las mayores compañías petroleras del mundo “es una empresa prófuga de la Justicia”. Fue condenada en Ecuador a pagar 8.000 millones de dólares por contaminar dos millones de hectáreas con 103 millones de litros de crudo derramado y 63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a río. Chevron retiró sus activos de ese país y se niega a acatar el fallo (5).

Entonces, los valletanos deberían, al menos, preguntarse a quién se le está abriendo la puerta para venir a jugar. Como cuentan las historias de vampiros, éstos no entran si no se los invita a pasar.

Así lo entendieron los vecinos de Esquel en 2002 cuando se enteraron que la empresa Canadian Gold iba a instalar el enclave de la mina El Desquite en el cerro Tres Puntas a 6 kilómetros de la ciudad, explicó Colina Milán, docente y vecina que participa activamente de la asamblea autoconvocada. “Al principio, como no había mucha información sobre este tipo de actividad, en el pueblo generó alegría con promesas de progreso económico”, recordó.

Fue durante las charlas de difusión que dieron los empresarios afines a la actividad que profesoras universitarias de química comenzaron a interrogarse sobre los procedimientos que iban a utilizar, sobre todo el de lixiviación del oro con cianuro. “Cuando comenzaron a investigar se dieron cuenta de los riesgos que implica la utilización de de cianuro a gran escala”, agregó Milán. Las docentes se comienzan a angustiar ante la situación y decidieron  difundir lo que habían encontrado a través de unas charlas dentro de la universidad. “Cuando otros profesionales y estudiantes se enteran comienza a circular la información”, dijo la docente y remarcó que de la emoción por las posibilidades económicas se pasó a la inquietud por el impacto ambiental y social que se iba a generar a partir de la radicación del emprendimiento. A mediados de 2002 comienzan a juntarse en asambleas que comienzan a ser cada vez más frecuentes y multitudinarias.

“Se comenzó a hipotetizar sobre la posibilidad de que ocurran accidentes como el que pasó hace poco en Jáchal (6) que lamentablemente fue la confirmación de esas primeras hipótesis”, relató Milán  y recordó el costo que pagaron las personas que comenzaron a alertar a los vecinos porque fueron tratados de “mentirosos, exagerados, fundamentalistas”.

El cuatro de diciembre de 2002 el pueblo de Esquel salió masivamente a la calle y se decidió repetir la movilización el cuarto día de cada mes hasta que las mineras se vayan. “Hasta el día de hoy seguimos marchando porque aunque se haya logrado frenar aquel intento volvieron con otro nombre y otras estrategias y entre el 2011 y 2012 se reactiva la conflictividad”, expresó.

A pesar que el proyecto de megaminería estaba amparado por la ley no contó con la legitimidad de los habitantes de la localidad chubutense. La movilización fue de tal magnitud que el 23 de marzo de 2003, el Concejo Deliberante convocó a un plebiscito no vinculante para que la población exprese la aceptación o el rechazo de las actividades mineras. El resultado arrojó que el  81% se manifestó contra la megaminería y el uso de cianuro. “Si las cuestiones legales no son sostenidas a nivel social pierden legitimidad”, aclaró Milán.

Lo que comenzó en ese pueblo de 32.343 habitantes se convirtió en un movimiento de resistencia en todo Chubut (y el país) frente a las políticas de explotación de los recursos naturales. “Es una batalla muy dura y desigual”, advirtió Milán.

La docente reconoció, entre otros factores, que a los vecinos de la localidad cordillerana los unió el amor por el lugar donde viven y un deseo de protegerlo para poder seguir viviendo en una comunidad saludable.

El progreso

Corina Milán advirtió que el extractivismo no genera trabajo ni derrama beneficios económicos en las comunidades con enclaves mineros o petroleros, “en todo caso se benefician los mismos de siempre”. “Lo que tenemos para mostrar de otras experiencias es que se suele tomar mano de obra durante la primera parte del emprendimiento que es cuando se construye, por eso los gobiernos y las empresas tiran líneas con los sindicatos de la construcción. Toman gente para los puestos menos remunerados y más precarizados como limpieza pero después, al ser actividades altamente tecnificadas, los que tienen acceso a los puestos bien remunerados son universitarios con alto nivel de preparación que generalmente son traídos de otros lugares”, agregó.

Con el paso del tiempo las actividades económicas que se realizaban en las localidades se deterioran: Turismo o agricultura se arruinan, por ejemplo al perder las certificaciones para la exportación como les está pasando a los cebolleros de Jáchal, señaló Milán.

El extractivismo es parte de un discurso hegemónico, manifestó la docente, tal como queda de manifiesto en las propuestas de los tres candidatos a presidente que aparecen como con más oportunidades de ocupar el sillón de Rivadavia luego de diciembre. “Juegan a vender el extractivismo como única oportunidad de desarrollo, nadie lo ve de otra manera y eso es tremendo”, enfatizó Milán.

La docente señaló la importancia de poner en movimiento la inteligencia colectiva, la necesidad de encontrar un punto que aglutine a la sociedad y comenzar a tomar el desafío como una responsabilidad intergeneracional. “Qué lugar queremos para nuestros hijos”, se preguntó Milán y agregó que hay que empezar a pensar distinto.

 

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(1) Gudynas, Eduardo. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. http://www.extractivismo.com/documentos/capitulos/GudynasExtractivismoSociedadDesarrollo09.pdf

(2) y (3) Idem.

(4) Aranda, Diego. Tierra Arrasada. Editorial Sudamericana. 2015. Buenos Aires.

(5) Idem

(6) En septiembre de este año se produjo un derrame de agua con cianuro de la mina de oro Veladero ubicada en Jáchal, San Juan. Al principio la empresa Barrick Gold y el Gobierno provincial lo negaron. Luego, la minera tuvo que reconocerlo.

(*) Nota escrita para la edición 615 del Periódico La Comuna de Villa Regina publicada el 21/10/15. 
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Argentina 

La fiebre por el oro negro (ii)

Fiebre: (Del lat. febris).: 1. f. Fenómeno patológico que se manifiesta por elevación de la temperatura normal del cuerpo y mayor frecuencia del pulso y la respiración. U. t. en pl. para designar ciertas enfermedades infecciosas que cursan con aumento de temperatura.

En la primera parte del artículo, publicado en la edición 613 de La Comuna el 7 de octubre, se abordó el tema del llamado desde Provincia a licitación para la exploración petrolera en, entre otras, el “área Villa Regina” que abarca desde Huergo hasta Chichinales. También se destacó que en 2013 el Concejo Deliberante local sancionó una ordenanza (124/2013) que prohíbe la exploración y explotación en el ejido reginense por medio de la técnica fracking o fractura hidráulica.

Este conflicto legal quedó resuelto ese mismo año cuando el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia declaró la inconstitucionalidad de una ordenanza similar que se había firmado en Allen. En la sentencia los magistrados consideraron que la provincia tiene “competencia exclusiva” para legislar en materia hidrocarburífera. Unos meses antes, el gobernador Alberto Weretilneck lo había expresado cuando advirtió que es la Provincia la que tiene potestad para legislar en temas ambientales y que los municipios no están facultados por la Constitución Provincial para regular en esta materia de exclusiva competencia provincial. Eso si, aclaró por las dudas que “podrá haber ordenanzas, opiniones, las respetamos y valoramos”. Se valora y respeta la voluntad expresada a través de los concejales o no se valora, sin medias tintas. Lo legal y lo legítimo muchas veces toman caminos opuestos.

Por supuesto que Weretilneck, en nombre del Estado, aseguró que está en condiciones de garantizar los controles sobre la actividad hidrocarburífera. “Lo que sí está absolutamente claro es nuestra responsabilidad en el control del medio ambiente y de los cursos de agua”, agregó seguramente recordando el vertido de líquidos cloacales que, en varias localidades, se realiza directamente en el Río Negro o previo paso por plantas de tratamiento obsoletas y desbordadas.

Contaminar o no, ¿Es la cuestión?

“Toda actividad del hombre es contaminante”, mencionó un usuario de Facebook luego de que se anunciara la primera parte de este artículo. Pero esta actividad tiene matices, las hay más y las hay menos contaminantes. En todo caso, toda actividad humana modifica el ambiente natural. De hecho el Alto Valle del río Negro es un paisaje artificial donde tiene una importante presencia lo que se puede denominar naturaleza. Plantas, frutas, aves, perros, peces, piedras, arbustos, viento, calor, frío y un largo etcétera que incluye también el agua.

Es justamente el manejo que hizo el hombre del agua lo que permitió poblar este valle y volverlo productivo. En otras palabras hacerlo habitable. Es por este motivo que el conservadurismo ecológico resulta un sinsentido. Sin embargo, como lo hicieron aquellos hombres a principios de siglo pasado, se puede plantear con todo derecho cómo se desea vivir: Con la naturaleza o contra ella. La relación cambia según la preposición que se escoja.

¿Tenemos los habitantes de Villa Regina y el Alto Valle el derecho a decidir qué dirección tomar teniendo en cuenta nuestro pasado, presente y futuras generaciones? Por su puesto ya que es, en el fondo, una cuestión que hace también a la identidad local ¿Quién o quiénes pueden articular estos deseos o demandas de cada ciudadano? Las instituciones locales y sus referentes que incluyen a educación (escuelas, alumnos, docentes, padres, supervisiones, universidades, científicos, profesores), producción, comercio, partidos políticos, iglesia, sindicatos, salud, clubes, y muchas otras más entre las que se destacan grupos de jóvenes ocupados en el presente de la localidad.

Regina ciudad

El Consejo de Planificación de Villa Regina (COPLADE) realizaba una reunión para tratar de elaborar en conjunto una postura frente al tema de la explotación hidrocarburífera. Será, en caso de concretarse, una opinión de peso ya que el consejo está conformado por el Poder Legislativo Municipal, el Poder Ejecutivo Municipal, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro – Delegación Villa Regina (CARN), el Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos (CPIAT-RN), la Cámara de Productores de Godoy, Villa Regina, Chichinales y Valle Azul, la Cámara de Comercio de Villa Regina y el Consorcio de Riego y Drenaje.

No hay que olvidar un antecedente reciente de canalización de expectativas sociales: el Proyecto Regina. Un estudio técnico destinado a definir un plan de desarrollo estratégico a largo plazo, tanto como 15 años, que abarca las dimensiones económico-productiva, social, territorial-ambiental e institucional de la localidad.

Al respecto, Adriana Giuliani, magister en historia económica, quien integró el equipo técnico que llevó adelante Proyecto Regina, recordó con expectativa que en el caso de Villa Regina la transición del gobierno municipal que sucederá a fin de año no afectará (al menos eso espera) los lineamientos resultantes del plan estratégico ya que tanto el intendente saliente y legislador electo, Luis Albrieu, como el intendente electo y concejal, Daniel Fioretti, acompañaron, respaldaron y se comprometieron a continuar con la planificación. “Es muy importante ya que las transiciones suelen afectar los proyectos de planificación a largo plazo. Esto lo sé porque hemos trabajado en muchos que luego han quedado abandonados tras un cambio de gobierno”, dijo Giuliani.

La magister remarcó que a través del Proyecto Regina se tuvo la posibilidad de conocer la voluntad de las instituciones y actores locales quienes integraron el proceso de producción a través de debates y mesas de trabajo. El resultado arrojó siete ideas fuerza que ejes centrales que forman las bases de un escenario futuro deseado por la comunidad a partir de los cuales se sustentan proyectos y programas.

Sin embargo, lo que le preocupa a Giuliani es que la introducción de la actividad hidrocarburífera en la región contradice y afecta directamente a, al menos, tres de estas ideas fuerza: El desarrollo humano con inclusión, la oferta de calidad de vida como capital intangible del desarrollo sustentable y un nuevo pacto con la naturaleza (se recomienda visitar el sitio proyectoregina.com.ar para profundizar estos conceptos). “En este caso, cuál sería el argumento (político) para aceptar una actividad que puede generar una contradicción con las expectativas que tiene la gente expresadas en las ideas fuerza reflejadas en Proyecto Regina”, se preguntó la magister.

La fractura no es hidráulica, es social

Adriana Giuliani, quien es además directora del proyecto de investigación Hidrocarburos y Economía Neuquina, señala a Añelo como ejemplo de las repercusiones sociales que tiene la implementación de la actividad hidrocarburífera.

“Añelo es una pequeña localidad de origen rural que de acuerdo a los datos del Censo 2010 cuenta con 2.249 habitantes, aunque hoy se encuentra desbordada por la frenética actividad desplegada por los distintos actores vinculados al negocio del ‘oro negro’. La población estable se ha duplicado y el número de personas que circula durante el día es considerablemente mayor, por lo que las carencias en infraestructura son generalizadas y alcanzan a la provisión de los servicios más básicos”, remarcó. En el caso de Villa Regina cabe preguntarse cómo funciona hoy el sistema público de salud, por ejemplo.

Una de las consecuencias más clásicas -agregó Giuliani- es el incremento de los precios de las viviendas, potenciado por el déficit habitacional y por la escala salarial del sector petrolero. En este punto se puede hacer otro paréntesis y considerar si el acceso a la tierra y a la vivienda no son ya un problema en la localidad valletana.

Como dato y para no ir tan lejos, Sebastián Hernández, presidente de la Cámara de Productores de Allen informó a La Comuna: “Hace poco se vendió una chacra a 100 mil dólares la hectárea, o sea que ni para loteo se puede comprar”. “Corremos con muchas desventajas, los productores se encuentran en una situación y te venden por unos mangos un pedazo de tierra para mantenerse. Se nos mete otra actividad que nos saca la mano de obra y nos levanta la expectativa salarial porque todos miran cuánto gana el petrolero”, aseguró Hernández y advirtió que cuando “se te mete el petróleo se empiezan a manejar otros valores, sobre todo en alquileres y comida”.

Es preciso señalar -retomó Giuliani- que en Añelo, como contrapartida de las mejores remuneraciones, los empleados petroleros enfrentan el desarraigo y la contingencia de accidentes, así como delicadas situaciones como el consumo de drogas, alcohol en exceso o juego. Más preocupantes aún son las denuncias sobre la existencia de redes de trata de mujeres y niñas para la prostitución, indicó.

“A veces se instala que la actividad hidrocarburífera es conveniente por la cantidad de trabajo que va a traer aparejado. Esto es siempre la zanahoria que se pone como señuelo pero, en realidad, no son tantos los trabajos locales que se generan porque traen mucha gente de afuera, ya especializada y con experiencia”, aclaró Giuliani.

La actividad petrolera no conlleva, justamente, desarrollo humano con inclusión, advirtió la magister recordando una de las ideas fuerzas mencionadas anteriormente. “Los altos ingresos imponen determinadas pautas a las cuales la sociedad está acostumbrada ni quiere”, manifestó y agregó que habría que analizar si la comunidad acepta esta imposición.

Gabriela Sepúlveda, presidenta de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen, consideró que este año se ha triplicado la intensidad de los trabajos en la zona en relación a las actividades de extracción y los riesgos. “Por eso hemos tenido este último tiempo una serie de hechos, uno tras otros, que incluyen la fuga de líquidos, la contaminación de una laguna, la explosión de un venteo, emanación de gases, vertido de hidrocarburos en la barda”, enumeró. Paralelamente al aumento de perforaciones aumentó el desmonte de chacras, dijo Sepúlveda ya agregó que los pozos se fueron acercando a la zona urbana, cerca de una escuela rural y un hogar de ancianos. “Hemos consultado a la Secretaria de Medio Ambiente y nos respondió que no sabe qué cantidad de pozos están proyectados. En cambio sabemos que la empresa si tiene planificada la cantidada de pozos y en qué lugares se van a hacer y no les importa qué hay alrededor”, manifestó.

Hace dos años se derogó la ordenanza que prohibía el fracking en Allen. “Por esta actividad le corresponde regalías al municipio pero no sabemos cómo las utiliza exactamente, se puede decir que se han hecho algunas obras de mejoramiento, una lavada de cara a la ciudad. En cuanto rédito indirecto, siempre se dijo que esto es una fuente de trabajo pero cada vez que consultamos en los pozos de dónde son los trabajadores nos encontramos con que ninguno es de Allen. Si se generó una empresa que se armó para tareas de logística como el traslado de tierras que ha tomado gente pero no es algo que sea significativo o que redunde en beneficios como tradicionalmente lo ha hecho la fruticultura”, explicó Sepúlveda.

Se puede decir que la actividad en esta localidad valletana es puramente extractiva ya que no queda nada en Allen. “Lo único que ha hecho es traer riesgos medioambientales en la zona de chacras, riesgos para la salud, aumento de alquileres. Hay un mayor costo de vida para la población en general donde el 95 por ciento no accede a tener un trabajo relacionado con el petróleo”, advirtió la presidenta de la asamblea.

Con respecto a las garantías que asume el Estado provincial como agente de control sobre la actividad hidrocarburífera, desde la Asamblea Permanente por el Agua consideraron que no hay “un accionar de los organismos de contralor, principalmente de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable”. “No garantizan un control, que se apliquen sanciones, que se haga una remediación, nada de lo que está dentro de sus atributos”, remarcó Sepúlveda para quien existe una explicación clara ya que es la misma empresa la encargada de informar sobre los hechos de contaminación que se produjeran para luego presentar un plan de remediación. “Lo que tiene que hacer la Secretaría de Medioambiente es controlar que ese plan se cumpla”, agregó y concluyó: “Desde el vamos estamos en manos de la empresa ya que es la que informa y presenta el plan de remediación. Es un zorro cuidando el gallinero”. Además, desde la Secretaría informaron que cuentan con 6 técnicos encargados de la vigilancia en todo el territorio provincial, explicó Sepúlveda.

En un artículo titulado “La urgencia de una acuerdo biprovincial. La patagonia debe pensarse como una sola región ante el impacto del shale” publicado el 8 de agosto de 2015 en el diario Río Negro, Adriana Giuliani y el arquitecto Martínez Guarino (director metodológico de Proyecto Regina) remarcan la importancia de interrogarse sobre qué podría pasar en el futuro. “En otras palabras, planificar el escenario que deseamos construir”, aclaran. Los técnicos van en sentido contrario a la improvisación. Giuliani y Guarino destacan que hay que trabajar para construir la “licencia social” capaz de armonizar los conflictos derivados de la diversidad de intereses existentes, que se potencian en circunstancias como la actual. “Algo que hay que tener en cuenta es que, si bien es un política de jurisdicción provincial, esto es una imposición de nivel mundial porque el negocio del petróleo es de multinacionales. Donde hay posibilidad de extraer excedente y maximizar ganancias, allí van”, dijo la magister y explicó que muchas veces, para una comunidad es difícil contrarrestar esta imposición. “Hay mucho dinero en juego y muchas expectativas de ganancias por lo tanto, si bien la provincia se toma la atribución de permitirlo es algo que se impulsa desde mucho más arriba”, agregó.

En este contexto opera la licencia social que refleja el grado de involucramiento y de aceptación por parte de una sociedad para con determinadas prácticas ¿Cuántas localidades se enfrentaron a la minería a cielo abierto y no pudieron hacerse oír?, se preguntó la magister y remarcó: “Es muy difícil decir que no cuando las decisiones ya están tomadas”.

La apertura de ofertas que hayan realizado las empresas interesadas en explorar el área se realizará el 19 de noviembre al mediodía en la secretaría de Estado de Energía ubicada en Cipolletti ¿Adoptará la ciudadanía de Villa Regina una postura unificada frente a la posibilidad de explotación hidrocarburífera antes que se cumpla ese plazo?

En números

Según los datos de la Secretaría de Estado de Energía de la provincia las regalías por explotación de hidrocarburos (gas y petróleo) crecieron desde octubre de 2011 hasta el mismo mes de 2014 de más de 48 millones de pesos a más de 118 millones.

“Hace poco se vendió una chacra a 100 mil dólares la hectárea, o sea que ni para loteo se puede comprar”, señaló Sebastián Hernández, presidente de la Cámara de Productores de Allen.

(*) Nota escrita para la edición 614 del Periódico La Comuna de Villa Regina publicada el 14/10/15. 
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Argentina 

La fiebre por el oro negro (i)

fiebreEl miércoles 23 de septiembre el gobierno de la Provincia de Río Negro informó que realizó un llamado a concurso público nacional e internacional para la adjudicación de permisos de exploración y eventuales concesiones de explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos que incluye el ejido de Villa Regina (área Villa Regina 1218.68 km2), entre otros.

“Hay que tener en cuenta que son áreas de exploración, es decir el permiso que se le da a las empresas que lo piden para empezar a investigar si en esta zona de la provincia hay reservorios, lo que no implica que mañana empiecen a sacar”, explicó el gobernador Alberto Weretilneck durante el acto de egresados de la escuela de policía de Villa Regina. Además,  aclaró que el área en cuestión abarca desde la barda norte hasta el río Colorado. “No estamos hablando de ningún área que tenga que ver con los valles”, dijo, dejando entender que la potencial extracción no afectaría (también en potencial) las tierras cultivadas.

Ahora bien, si se mira con detalle el mapa que distribuyó el gobierno junto con la buena nueva, la denominada “área Villa Regina” incluye desde Ingeniero Huergo hasta Chichinales, de este a oeste, y desde el sur del río Negro se extiende hacia el norte abarcando todo el valle. O sea que, a menos que el gráfico haya sido elaborado por un funcionario voluntarioso  con mal manejo de Paint estamos dentro del área de explotación.

Las áreas de exploración que publicitó la Provincia.
Las áreas de exploración que publicitó la Provincia.

Si bien en la publicación no se especifica el método extractivo (por medio de fracking o convencional) hay experiencias de fractura hidráulica en la zona de Allen donde, desde la ruta 22, se pueden ver torres de acero entre los montes frutales. La instalación pozos en dicha localidad rionegrina generó un fuerte debate entre organizaciones ambientalistas y vecinos con el gobierno. Mientras tanto, en Villa Regina se realizó una extensa jornada de concientización en la Universidad Nacional del Comahue con escasa repercusión social y mediática. Tal vez porque el fracking estaba golpeando en la puerta del vecino.

En dicha oportunidad, el gobernador Alberto Weretilneck dijo, en una entrevista brindada al diario Río Negro y publicada en 23 Agosto de 2013 que “mientras haya controles serios por parte del Estado no hay que tenerle miedo (…) el problema del fracking es fundamentalmente la captación y la devolución del agua que se utiliza. Mientras uno garantice que en la captación no va a haber inconvenientes con el abastecimiento de las poblaciones ni va a haber inconvenientes con los productores, no hay ningún problema. En lo que es la devolución obviamente lo que hay que controlar es que toda el agua que se devuelva no afecte ni napas ni cursos de agua”.

Además de la discusión sobre el impacto ambiental de una actividad que utiliza grandes volúmenes de agua mezclada con químicos, el debate giró en torno a la actividad productiva: Fruticultura o petróleo versus fruticultura y petróleo. Weretilneck dejó clara su postura en la nota citada: “No tenemos que caer en la falsa discusión sobre si una actividad económica tiene que suplementar a otra. Es posible, si somos responsables, que las distintas actividades económicas convivan sin afectarse unas a otras”, afirmó el Gobernador y agregó para tranquilizar a los valletanos: “Por supuesto que nosotros siempre vamos a privilegiar a la fruticultura porque es la que genera los puestos de empleo y es la actividad madre de la provincia”.

Según la Real Academia Española, convivir significa vivir en compañía de otros, o sea, juntos. Para llegar a tal conclusión habría que realizar un análisis completo de los factores que inciden en esta convivencia, teniendo en cuenta no sólo los ambientales, como lo hace el argumento sesgado del Gobernador, sino también económicos y sociales. Por ejemplo, en el contexto actual es necesario considerar la baja rentabilidad de la fruticultura y los altos salarios que paga el petróleo, entre muchos otros.

2013 dejó en Villa Regina una ordenanza municipal (124/2013) aprobada por unanimidad el 21 de octubre, todavía vigente, mediante la cual Concejo Deliberante declara “con fuerza de ordenanza” “prohibir la actividad de explotación y exploración no convencional de gas y petróleo (fracking) en el Ejido Municipal de Villa Regina, ya que la misma no se encuentra reglamentada y no se cuenta con una estructura con la capacidad que permita tener un control estricto del desarrollo integral de esta práctica”.  En este caso, la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villa Regina será el órgano de control y el encargado del cumplimiento de la norma.

Entre los fundamentos, la normativa municipal recuerda que la Ordenanza N° 66/2009 “en su artículo 4 dice: Prohíbase la introducción en el ambiente de cualquier agente contaminante físico, químico o biológico), que puedan alterar la calidad de los recursos naturales y sus características físico, químico y/o biológicas normales, provocar daños irreversibles o no, en el medio, afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes”.

Además, explica que “la extracción de gas mediante “fracking”, requiere para cada perforación una cantidad de 200.000m3 de agua para la fractura hidráulica, siendo el agua un recurso no renovable y escaso en el mundo. En un solo pozo se inyectan entre 9 y 29 millones de litros de agua mezclados con otros que contienen las sustancias químicas. (En esta técnica de extracción se utilizan 500 sustancias, entre los que figuran 17 tóxicos para organismos acuáticos, 38 tóxicos agudos, 8 cancerígenos probados, 7 elementos mutagénicos etc. (ácidos, antioxidantes, bicidos, benceno, xileno, disulfiro de carbono, compuesto de piridina, etc.). Una vez terminada la fracturación se recupera solamente el 10 por ciento de todo el líquido inyectado sin certezas de cuál es el destino del agua contaminada que queda en las profundidades (…). No hay garantía de que estos líquidos permanezcan confinados y no se comuniquen con el agua de consumo; que en aguas superficies y subterráneas; la extracción genera cantidades de residuos”.

Los considerandos de la Ordenanza finalizan afirmando: “Nuestro Concejo Deliberante resulta competente para dictar las normas ambientales complementarias de los presupuestos mínimos de protección que resulten coadyuvantes para la conservación de su medio ambiente, de su paisaje, de su estructura sociológica y de su propio y particular estilo de vida, así como de los recursos naturales que aprovechan sustentablemente sus habitantes sin perturbar las actividades de sus vecinos, de las comunidades aledañas ni los derechos de las generaciones futuras”.

Se destaca el uso del adjetivo posesivo su dejando entender que es el mismo habitante, el vecino, el que sufre o disfruta del entorno donde vive, el que tiene (o tendría) que decidir qué hacer con su medioambiente inmediato.  Se denomina “licencia social” a este concepto, un tanto difícil de medir, mediante el cual se le otorga a un proyecto el consenso para llevarse a cabo.

Sin embargo, la provincia considera que los municipios no tienen potestad para regular en materia medioambiental. Esto quedó claro cuando en agosto de 2013 se aprobó la ordenanza que prohibía el fracking en Allen. Weretilneck lo anticipó ese mismo mes en la entrevista con Río Negro: “La materia ambiental es exclusiva de la provincia, no es materia municipal. Los municipios no están facultados por la Constitución Provincial para regular materias ambientales, la que regula esto es exclusivamente la provincia. Podrá haber ordenanzas, opiniones, las respetamos y valoramos, pero la materia ambiental es provincial por lo tanto lo que va a predominar en este tipo de situaciones es la legislación provincial y las facultades de la provincia”.  En este caso, sería interesante que Weretilneck explique qué entiende por respetar y valorar la decisión de una localidad.

En noviembre, tres meses después de afirmaciones del Gobernador, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en la causa “provincia de Río Negro contra municipalidad de Allen sobre conflicto de poderes”, dejó zanjado el asunto al declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohibía la utilización del método de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos en esa localidad. En la sentencia los magistrados consideraron que la provincia tiene “competencia exclusiva” para legislar en materia hidrocarburífera.

Frente a estos conflictos de intereses que asoman en Villa Regina ¿Se abrirá el debate?
“¿Usted asegura que el Estado está en condiciones de garantizar los controles?”, preguntó el periodista de Río Negro Diego Von Sprecher. “El Estado está en condiciones y si no está en condiciones lo haremos estar en condiciones. Pero lo que sí está absolutamente claro es nuestra responsabilidad en el control del medio ambiente y de los cursos de agua”, respondió Weretilneck.

(*) Nota escrita para la edición 613 del Periódico La Comuna de Villa Regina publicada el 7/10/15. Corregida y aumentada.
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FOPEA repudia la aplicación de la ley antiterrorista

Notificación de la detención del periodista Juan Pablo Suárez. (plazademayo.com)

“El Foro de Periodismo Argentino reitera su rechazo a la aplicación de la Ley Antiterrorista como limitante de los derechos de libertad de expresión y condicionante del ejercicio del periodismo.
Este pronunciamiento se motiva en el marco de la imputación realizada contra el editor de la página web Última Hora, Juan Pablo Suárez, en la Justicia Federal de Santiago del Estero.

La acusación elevada al Juez Federal por el fiscal federal Pedro Simón, es por “Incitación a la violencia colectiva (art. 212, C.P.), agravado por la Finalidad de Aterrorizar a la Población (art. 41 quinquies C.P.)”, aspecto contemplado en la norma que repudiamos. La Ley no debe ser usada en contra de derechos humanos fundamentales, como el de expresarse a través de los medios de comunicación, ni para silenciar voces y opiniones.

Además, más allá de no compartir la llamada Ley 26.734 Antiterrorismo (B.O. 28.12.2011), en su esencia, no puede dejarse de señalar que, en dicho art. 41 quinquies se dice también, en su última parte que, “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”. Y el ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano garantizado constitucionalmente de manera preferente, lo cual no puede dejar de ser contemplado por los fiscales como por los jueces.

Consideramos que esta causa judicial es un caso testigo de la aplicación de la legislación penal a una tarea periodística y por eso su peligrosidad. La posición contraria a la Ley Antiterrorista en este aspecto viene siendo sostenida por FOPEA desde diciembre de 2011 y consideramos nuevamente que debe ser derogada en aquellos aspectos a los que hacemos referencia.

En los últimos tiempos, se ha registrado un incremento de acciones judiciales en todo el país, que terminan afectando a la profesión periodística e incrementando los silencios y ausencias informativas. El uso indebido de las normas se transforma así en una mordaza a la profesión, inaceptable a más de 30 años del regreso de la democracia. 11 de mayo de 2014″

El sitio La Naranja de Prensa explica: “Los hechos sucedieron cuando el policía Nelson Norberto Villagrán se encontraba reclamando un aumento salarial. Lo entrevistaban el propio Suárez y una camarógrafa cuando un comando policial detuvo a Villagrán. Los periodistas regresaron a la redacción para difundir lo filmado. Dos horas después, cincuenta policías allanaban el diario, incautaban material periodístico y se llevaban detenido a su director, según reveló el portal Plaza de Mayo.com

 

Cita

Tribunal de Kuwait suspende dos periódicos independientes

Un tribunal de Kuwait suspendió temporalmente la publicación de dos periódicos independientes por informar sobre una grabación en la que se da cuenta de un plan para derrocar a la monarquía de ese país, informa Europa Press.

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